¿Qué tan cerca está Bogotá D.C. de la Agenda 2030?

Los hallazgos de un ejercicio auditor internacional de la Contraloría de Bogotá, D.C. sobre la Agenda 2030 apuntan a convertirse en una caja de herramientas esencial para la administración actual.

La Contraloría de Bogotá, D.C.  acaba de publicar el informe de una auditoría internacional sobre el proceso de preparación para la implementación de la Agenda 2030, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible –ODS-1 (fin de la pobreza) metas 1.2 y 1.4,  con enfoque de género (ODS 5) en el Distrito Capital. El informe apunta a convertirse en una caja de herramientas para la administración actual.  A lo largo de su investigación, el ente de control fiscal logra mostrar las falencias que existen en el proceso de asociación y articulación entre la Agenda 2030 y el Plan de Desarrollo Distrital PDD(2016-2020) con algunas políticas distritales, tomando como periodo de estudio el lapso comprendido entre junio 2016 a diciembre de 2019. Conviene, entonces, preguntarse de dónde viene y para qué sirve la Agenda 2030, y cuál es la utilidad de ese ejercicio internacional emprendido por la Contraloría de Bogotá, D.C.

La Agenda 2030 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015, es la versión mejorada de la agenda construida alrededor de los Objetivos del Desarrollo del Milenio-ODM- (8 objetivos y 21 metas). Estos objetivos concentraron su atención en el rol asumido por los estados, en ciertos frentes de acción global, fijando el año 2015 como el año que pondría a prueba los esfuerzos emprendidos para su incorporación. En su puesta en marcha el liderazgo de algunos países se hizo notar más que otros.  Colombia desde antes del 2015 propuso ampliar los objetivos, ya que los ODM habían probado ser insuficientes frente a la gama de desafíos sin precedentes que afronta el planeta.  Asimismo, la realidad mostraba la necesidad de involucrar con un rol más destacado a la sociedad civil y el sector privado en la meta de frenar e intentar subvertir el avance incontrolado de los impactos negativos, causados por la intervención del hombre en los recursos naturales, buscando con ello construir las bases para un desarrollo sostenible y duradero. Así, surgió la Agenda 2030 con 17 objetivos y 169 metas,  cuya implementación va de la mano de las capacidades de los estados y de la unión de sociedad en función de un solo fin: alcanzar el desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras.

En Colombia el proceso de implementación de la Agenda 2030 tuvo como base el Kit Territorial y el Conpes 3918, que se convirtieron en lineamientos a seguir  para las entidades del orden nacional y territorial. En el caso de Bogotá, la auditoría de la Contraloría de Bogotá, D.C., muestra que no existe una asociación consistente entre el PDD y la Agenda 2030, en particular, el ODS 1 con sus metas e indicadores, eso crea dificultades para identificar y articular las entidades satelitales que podrían contribuir con el proceso de implementación de los ODS de acuerdo a la misión de cada entidad. De hecho, la falta de una correcta asociación debido a una lectura inadecuada o sesgada de las acciones que emprende la entidad a la luz de los ODS puede invisibilizar los avances y logros de la administración dirigidos a incorporar la Agenda 2030. Esa situación pudo ser identificada con la política de víctimas, cuyos lineamientos tienen su base en la Ley 1448 de 2011. A partir del intercambio de comunicaciones, el análisis de datos e informes,  se observó un desinterés persistente del ente distrital por reconocer que muchos de las acciones y gestiones para atender a la población víctima del conflicto armado, que se ubica en Bogotá D.C., apuntan al ODS1 con enfoque de género. De hecho, la administración distrital al ser indagada por la conexión entre dicha política pública y el ODS1 con enfoque de género enfatizó que en el marco de esa política lo hecho solo contribuye con el ODS 10 (reducción de las desigualdades) y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas).

Resulta aún más importante resaltar que, en relación con la atención a las víctimas del conflicto armado existe normativa que demanda de la administración implementar acciones con cierto enfoque, en consecuencia mostrar resultados al respecto, pero esto último no siempre ocurre así.  Por ejemplo, la Ley 1448 dispone que las entidades públicas articuladas alrededor de la  política de víctimas  deben implementar  un enfoque diferencial en su puesta en marcha. Así mismo, el Acuerdo Distrital 587 de 2015  exige que los indicadores de medición sobre los avances en la atención dada a las víctimas del conflicto armado consagren un enfoque de género. 

En línea con lo anterior, la auditoría identificó que el Distrito Capital carece de sistemas de monitoreo y seguimiento idóneos para evaluar los avances en el proceso de implementación de la Agenda 2030, sumado al hecho que la información no está desagregada por sexo, se encuentra dispersa y no siempre es accesible, dado que en muchos casos fue preciso contactar a la administración. Al respecto, el ente distrital indicó que el SEGPLAN (sistema de seguimiento a los programas, proyectos y metas al PDD) es la herramienta idónea para hacer el seguimiento al PDD, no obstante,  es insuficiente porque no muestra los avances de los proyectos de inversión en consideración a sus aportes a la Agenda 2030. Así las cosas, la información se encuentra por piezas, sin que ello signifique que hay una correcta presentación de la información o que acceder a la misma sea fácil, pese a que es pública.

En la caja de herramientas que la Contraloría de Bogota, D.C. entregó a la Alcaldía Distrital es posible identificar por lo menos dos insumos. Primero,  la administración actual necesita implementar sistemas de seguimiento y monitoreo que permitan identificar los avances del proceso de implementación de la Agenda 2030 en alineación con el PDD. Lo ideal es hacerlo mediante un sistema de datos que tenga la capacidad de articular todos los esfuerzos del distrito, además de ser accesible al público. Segundo, es preciso educar a los funcionarios sobre la Agenda 2030. La conciencia individual y colectiva frente a ella es fundamental para movilizar el abanico de objetivos que persigue. La agenda debe ser interiorizada por los funcionarios no como un deber, sino  como una oportunidad conferida a cada uno por su condición de tal para transformar el único planeta que tenemos para vivir. Una mentalidad abierta hacia los ODS permitirá reconfigurar las lecturas sesgadas o limitadas que han hecho de la Agenda 2030. Eso evitará que cualquier interesado incurra en lecturas inadecuadas y fragmentadas al momento de hacer un seguimiento y monitoreo a la gestión de la administración, con lo cual se logra visibilizar los logros del Distrito Capital.  Resta por preguntarnos ¿cuáles son las acciones que la administración impulsará para darle trámite a los 13 hallazgos del informe auditor?