El Derecho Administrativo es una rama del derecho público que regula la organización, funcionamiento y actuación de la administración pública, así como las relaciones entre ésta y los ciudadanos. Es un sistema de normas y principios que establece las bases para el ejercicio del poder administrativo, garantizando la legalidad, la eficiencia, la equidad y la protección de los derechos de los administrados.
En su naturaleza, el Derecho Administrativo abarca un amplio espectro de áreas, desde el derecho administrativo sancionador, que regula las potestades punitivas de la administración, hasta el derecho administrativo contractual, que rige las relaciones jurídicas derivadas de los contratos públicos. Además, incluye aspectos como el derecho administrativo económico, ambiental, urbanístico y de la función pública, entre otros.
Una característica fundamental del Derecho Administrativo es su constante evolución, adaptándose a las transformaciones sociales, tecnológicas y económicas. A través de la jurisprudencia y la doctrina, se van estableciendo criterios interpretativos que permiten la aplicación flexible de sus normas a situaciones concretas.
La administración pública, en su ejercicio de funciones, está sujeta a una serie de principios rectores, como el principio de legalidad, que establece que la administración debe actuar dentro de los límites de la ley; el principio de eficiencia, que busca la optimización de los recursos públicos; el principio de igualdad, que garantiza un trato equitativo a todos los ciudadanos ante la administración, entre otros.
El Derecho Administrativo también establece los mecanismos de control de la actuación administrativa, tanto a través de la jurisdicción contencioso-administrativa como de los órganos de control interno y externo, como los tribunales de cuentas.
En resumen, el Derecho Administrativo es un pilar fundamental en el funcionamiento del Estado de derecho, al regular las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y la legalidad en la gestión de los asuntos públicos.