El Gobierno actual expidió la Directiva Presidencial 06 de 2026 con el fin de agilizar el desarrollo de la consulta previa y, con ello, ponerle solución a un cuello de botella que, para el sector energético, en varios casos ha impedido o retrasado la materialización de proyectos relevantes para el país. Windpeshi, Colectora y Sirius son algunos de ellos.
Lejos de motivar una sola lectura, la Directiva abre cuestionamientos sobre potenciales riesgos de litigiosidad. Para empezar, es oportuno plantearse si algunas de sus disposiciones debieron ser sometidas a consulta previa debido a una posible afectación directa a las comunidades étnicas o si regulan materias de competencia exclusiva del legislador.
La Directiva, cuyo objetivo consiste en establecer «lineamientos para la coordinación institucional, interoperabilidad y desarrollo de los procedimientos de consulta previa», sustituye integralmente las Directivas Presidenciales 01 de 2010, 10 de 2013 y 08 de 2020. Las dos primeras fueron declaradas parcialmente nulas por el Consejo de Estado. La razón por la cual cobra sentido su mención es que los argumentos de esas sentencias podrían tener una relación directa con el análisis de legalidad de la Directiva 06.
Uno de sus aspectos más llamativos es la facultad atribuida a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) para expedir un acto administrativo de cierre, incluso cuando no haya sido posible alcanzar acuerdos o lograr el consentimiento, siempre que las comunidades hayan contado con oportunidades reales y efectivas de participación y se hayan agotado las actuaciones razonablemente necesarias para alcanzar esas finalidades.
Esta última posibilidad merece especial atención a la luz de los pronunciamientos del Consejo de Estado. En 2023, al examinar la legalidad de la Directiva 10 de 2013, el alto tribunal determinó que algunas de sus disposiciones excedían los límites de la potestad reglamentaria presidencial. Entre los apartes anulados figuraban las reglas que regulaban las consecuencias de la ausencia de acuerdos o consentimiento previo, libre e informado, cuando este último resultaba exigible. La Directiva contemplaba, entre otras actuaciones, la valoración de las afectaciones por parte de las autoridades competentes y mecanismos institucionales para examinar alternativas de reformulación de los proyectos.
El Consejo de Estado indicó que ese tipo de órdenes reglamentarias tenían la capacidad de modificar el desarrollo del «diálogo participativo con los grupos minoritarios frente a los procesos decisorios de las mayorías». Asimismo, señaló que su carácter vinculante creaba efectos jurídicos no solo frente a los operadores administrativos, sino también para los titulares de los proyectos y los grupos étnicos.
El alto tribunal encontró que determinadas disposiciones regulaban aspectos sustanciales del derecho fundamental a la consulta previa, reservados al legislador, y que algunas debieron ser consultadas antes de su expedición, debido a su capacidad de afectar directamente a las comunidades étnicas.
Regresando a la Directiva 06, esta prevé que, una vez en firme el acto administrativo de cierre sin acuerdo o consentimiento, la DANCP convoque a una reunión de articulación interinstitucional para que las autoridades competentes conozcan las circunstancias del proceso consultivo y posteriormente adopten, de manera autónoma, las decisiones que correspondan respecto del proyecto.
El artículo 4, numeral 12, del Decreto 2353 de 2019 respalda la competencia de la DANCP para expedir actos de conclusión. Sin embargo, esa disposición, leída bajo las delimitaciones fijadas por la Ley 21 de 1991 —que aprobó el Convenio 169 de la OIT— y la Constitución Política, no parece resolver por sí sola los interrogantes sobre el alcance de esa facultad, especialmente cuando el consentimiento previo, libre e informado resulta jurídicamente exigible.
La Corte Constitucional, en sentencias como la C-175 de 2009 y la C-196 de 2012, ha señalado que la afectación directa puede configurarse cuando una medida guarda relación intrínseca con la identidad étnica de los pueblos o modifica su situación jurídica mediante restricciones, cargas o beneficios.
De ese modo, no parece tan contundente sostener que las directrices impartidas en la Directiva 06 solo regulan los comportamientos que deben seguir las entidades a las que está dirigida. Si bien el procedimiento no cercena formalmente el rol de las comunidades durante la etapa previa al cierre administrativo, cabe preguntarse si algunas de sus disposiciones tienen la capacidad de interferir en las garantías de participación y modificar su situación jurídica.
Así las cosas, surgen dos interrogantes: ¿debieron algunas disposiciones de la Directiva 06 someterse a consulta previa antes de su expedición? ¿Regulan aspectos sustanciales del derecho fundamental cuya definición corresponde al legislador?
No se trata de desconocer la necesidad de agilizar la consulta previa. Se trata de examinar si las herramientas adoptadas para lograrlo se ajustan a los límites constitucionales de la potestad presidencial. Después de todo, una medida concebida para reducir obstáculos no debería convertirse en una nueva fuente de litigiosidad.


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