El sector energético colombiano enfrenta una etapa decisiva. La transición hacia fuentes renovables plantea desafíos regulatorios, sociales, políticos y estructurales que ponen a prueba la capacidad institucional del país para garantizar una transición confiable, equitativa y sostenible. Las metas globales de descarbonización exigen esfuerzos multisectoriales. La iniciativa privada tiene un papel esencial, pero sin respaldo institucional y regulatorio, es difícil acelerar proyectos y cubrir la demanda energética.
El reto regulatorio va de la mano con la confianza inversionista. La inseguridad normativa constituye un riesgo que supera lo que un inversionista está dispuesto a asumir. Los inversionistas no están en desacuerdo con el rigor técnico y administrativo de los proyectos. Lo que crea desconfianza institucional son los retrasos y la falta de solidez en las regiones de la presencia institucional. En Colombia, los retrasos en el licenciamiento ambiental y la alta incertidumbre de las consultas previas vienen pasando factura en la ejecución de proyectos estratégicos. Ejemplo de ello es que, en la más reciente ronda eólica offshore, solo una de las nueve empresas habilitadas presentó ofertas. Al margen de la complejidad de transportar una turbina eólica en Colombia, debido a las características geográficas, “nadie quiere hacer proyectos eólicos en Colombia”.[1] Hoy, las inversiones se están desplazando hacia otros países como Perú. Incluso Ecopetrol, que adquirió el parque eólico Windpeshi en La Guajira, prioriza proyectos que ya cuenten con licencia ambiental.
Según SER Colombia, un proyecto de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable -FNCER- con licencia ambiental puede tardar entre tres y siete años en entrar en operación. Esos retrasos ponen en tela de juicio la bancabilidad de los proyectos.
La consulta previa, concebida como un mecanismo de gobernanza y diálogo, ha perdido en algunos casos su esencia. La falta de una ley que articule los parámetros normativos y jurisprudenciales definidos por la Corte Constitucional —en especial en las sentencias SU-123 de 2018 y SU-121 de 2022— y la limitada capacidad institucional de la Dirección Nacional de Consulta Previa, impiden decisiones ágiles y bien sustentadas sobre la procedencia de este mecanismo.
En el reto social, la transición energética tiene un considerable componente territorial. La agenda energética justa tiene como apuesta empoderar a las comunidades para convertirlas en agentes de cambio social. El derecho se convierte en su plataforma para propiciar la generación de energía, ingresos y combatir el calentamiento global. Es necesario la presencia del Estado en los territorios para empoderar a las comunidades sobre su rol en la agenda de la transición energética.
El reto político-regulatorio también es evidente. Las decisiones de política pública que buscan desincentivar el uso de combustibles fósiles y fortalecer las FNCER han afectado la seguridad energética. La prohibición de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos podría ser razonable en otro contexto, pero en Colombia las regalías provenientes de este sector financian buena parte de la transición. Además, el gas natural sigue siendo indispensable para respaldar la variabilidad de las FNCER y afrontar fenómenos como El Niño. Resulta poco coherente que el país deba recurrir a la importación de gas a precios elevados para cubrir nuestro déficit interno.
Aunque las fuentes renovables hoy representan cerca del 12 % de la matriz energética, no tienen aún la capacidad para cubrir los picos de demanda debido a su variabilidad. De ahí la importancia del gas y de las térmicas como respaldo. La transición no puede poner en riesgo la seguridad energética. Necesitamos pensar en complementariedad entre fuentes, no en sustitución.
En el plano estructural, la red eléctrica nacional requiere ampliación y modernización para integrar nuevos proyectos. La UPME ha reportado un retraso promedio de entre cuatro y seis años en la asignación de puntos de conexión, producto del aumento de solicitudes y la limitada capacidad de respuesta institucional. Se hace urgente fortalecer la infraestructura de redes y digitalizar los procesos de planeación.
A ello se suman nuevos desafíos. Si bien la CREG ha avanzado en la elaboración de un marco para regular el uso de baterías y su participación en el sistema eléctrico, este aún no se encuentra vigente. La regulación actual no reconoce plenamente el valor del almacenamiento dentro de la cadena eléctrica. Sin un esquema de remuneración que permita recuperar la inversión, las baterías seguirán siendo un componente deseable, pero difícilmente bancable.
En esa búsqueda de complementariedad de fuentes, la biomasa también podría jugar un papel importante como fuente de generación eléctrica a partir del biogás. Aunque su participación en la matriz aún es reducida, tiene un potencial considerable que requiere ser explotado.
Colombia necesita una transición energética que no dependa de los intereses de un gobierno de turno y tampoco de la emulación de modelos extranjeros sin aplicar filtros, necesitamos una política de Estado con visión de largo plazo. Solo así garantizaremos una transición que sea no solo limpia, sino también confiable, equitativa y sostenible.
[1] Portafolio.co Inversionistas le dan la espalda a los proyectos eólicos en Colombia:¿por qué? 26 de octubre de 2025.